CONTRATO PRIVADO y Contratación Bancaria

CONTRATO PRIVADO y Contratación Bancaria

S E N T E N C I A Nº 57/ 2019 C I V I L Recurso de apelación Número 500 Año 2018 Juicio Ordinario 631 /201 7 Juzgado de 1 ª Instancia de S E G O V I A Nº 1 dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

Interesante Sentencia que analiza en sus tres Antecedentes de Hecho y ocho Fundamentos Jurídicos las consecuencias de un acuerdo de anulación de cláusula suelo redactado por la propia entidad de crédito y en el que se pacta renuncia de acciones.

La Audiencia considera que dicho pacto no implica la renuncia a cualquier reclamación sobre las consecuencias de la aplicación anterior de la cláusula. Debe tenerse en cuenta que a la fecha del acuerdo, las cantidades abonadas de más por la aplicación de la misma ya serían líquidas, y con ello exigibles.

Los prestatarios renunciaron a lo que renunciaron, a ejercitar cualquier reclamación respeto de la cláusula suelo, pero no a reclamar los intereses que indebidamente hubiese abonado de más, si los hubo, a consecuencia de la cláusula suprimida. No constando tales extremos ni constando que fuesen informados de esa concreta consecuencia al suscribir el acuerdo novatorio, debe entenderse que la reclamación sobre la devolución de las cantidades abonadas de más debe ser admitida. El acuerdo fue redactado por la entidad de crédito y, por tanto, no es posible una interpretación extensiva de los términos del mismo en su favor.

El contrato privado suscrito entre la entidad financiera y los actores es una transacción sobre diversas cláusulas contractuales, pero al propio tiempo incluye una renuncia de acciones: "Con el presente acuerdo de novación suscrito con esta entidad, la parte prestataria renuncia expresamente irrevocablemente a toda acción reclamatoria sobre la cláusula suelo, ya sea administrativa, judicial, arbitral o de cualquier otra índole, reconociendo que ha sido perfectamente informada, con carácter previo a la firma de este documento, de los términos y consecuencias de la modificación efectuada en este contrato".

En segunda instancia se examinan dos cuestiones distintas: una,  si el acuerdo novatorio pactado es también nulo, y otra, el alcance de la cláusula de renuncia. No se advierte que exista infracción de la jurisprudencia que acepta la nulidad parcial de aquellos contratos en los cuales sólo algún pacto resulte contrario a la ley siempre que conste además que se habría concertado aun sin la parte nula, el cual se refleja en el artículo 1 0 LCGC (según el principio utile per inutile non vitiatur [lo útil no es viciado por lo inútil]). En efecto, de los hechos que la sentencia recurrida declara probados se desprende que el segundo contrato concertado tenía una vinculación causal plena con el primero declarado nulo y no se habría concertado en el caso de que el primero no hubiera producido efectos en virtud de la nulidad que posteriormente se declaró. El principio aplicable sería, en consecuencia, simul stabunt, simul cadent [juntos caerán quienes juntos estén]".

Pero se concluye que no puede aplicarse dicha doctrina al caso de Autos, porque dicha doctrina se plantea para el supuesto en que la novación lo que pretende es la continuidad de las consecuencias del contrato. Aquí el pacto elimina la disposición litigiosa, que no es sustituida por ninguna otra alternativa, ni por una subida de los tipos de interés. Por tanto no puede predicarse de ella su nulidad. La consecuencia de ello es que acogerá la razón a la parte demandada en el sentido de que la parte carece de acción para solicitar la declaración de nulidad de una cláusula suelo cuya supresión ya ha sido acordada, no cabiendo declarar la nulidad de algo que ya no existe, y que precisamente la parte ha admitido su supresión.

En el Fundamento Jurídico Tercero se dice que la renuncia de derecho debe ser expresa y taxativa, no siendo posible aceptar una renuncia al ejercicio de derechos de carácter genérico; y en segundo lugar que hallándonos ante un contrato suscrito entre un profesional y un consumidor, es obligación del profesional la necesaria claridad en los contratos, sin que quepa interpretar a su favor el contenido oscuro de sus disposiciones.

Por la recurrente se alega infracción de preceptos legales en relación con la doctrina del Tribunal Supremo, concretamente de la sentencia de 11 de abril de 2018, en la que se fija doctrina, entendiendo que frente a lo que el juez a quo considera, no estamos ante una novación del contrato sino ante una transacción, que supone la vinculación de las partes la contrato suscrito entre ellas.

En realidad, en primera instancia no se discutió si es o no una transacción, pues no niega que el acuerdo entre las partes elimina de raíz la cláusula suelo, sino que lo que valora es si esa supresión, que es lo que se acuerda, implica asimismo la renuncia al cobro de las cantidades abonadas con anterioridad. Su conclusión es negativa, aduciendo a la irrenunciabilidad y imprescriptibilidad de la acción para hacer valer la nulidad e indemnización, según los arts. 10 y 83 LGDCU. La Sala entiende que su conclusión ha de ser confirmada, aunque no se comparten sus argumentos. El art. 1 0 LGDCU dispone la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al consumidor, desde el punto de vista de la renuncia previa a los derechos que esa norma reconoce a los consumidores, entendiéndola nula como declara nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 CC . Por su parte el art. 83 LGDCU declara la nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas, que supone en su caso la no aplicación del plazo de cuatro años previsto para los casos de anulabilidad. Pero en caso alguno prohíbe que se pueda renunciar a las acciones con posterioridad al contrato, como forma extrajudicial de solución del conflicto, siempre, claro está, que el contrato transaccional sea a su vez transparente y suficientemente informado, desde el momento en que continúa siendo un contrato suscrito entre un profesional y un consumidor.

La Audiencia segoviana comparte la valoración del TS en el sentido que la protección del consumidor no puede llegar al extremo de que se prive de cualquier posibilidad de disposición de las acciones propias, como es regla general en el proceso civil, salvo que se pretenda, como recoge la Sentencia de la APSG de 3 de octubre de 2017, una absurda judicialización de cada reclamación que se pueda realizar en materia de consumo, con inútil pérdida de tiempo y dinero tanto para el profesional como para el consumidor, si entre ambos se puede alcanzar un acuerdo extrajudicial. El contrato transaccional debe someterse a los mismos filtros que el contrato objeto de acuerdo, en cuanto al cumplimento de los requisitos de incorporación y trasparencia. Como con mejores palabras expresa la STS 205/2018: "Ahora bien, por el modo predispuesto en que se ha propuesto y aceptado la transacción es preciso comprobar, también de oficio, que se hayan cumplido las exigencias de transparencia en la transacción. Esto es, que los clientes consumidores, tal y como les fue presentada la transacción, estaban en condiciones de conocer las consecuencias económicas y jurídicas de su aceptación: que se reducía el límite mínimo del interés al 2,25% y que no se discutiría la validez de las cláusulas suelo contenidas en el contrato originario".  Y en este sentido podemos citar la STS 344/2017, de 1 de junio, en que no se apreció la nulidad de la transacción por error vicio en el consentimiento.

El contrato transaccional, no especifica de forma concreta que el alcance de la renuncia incluya la de las cantidades ya devengadas que se hubieran podido cobrar con anterioridad, sin que por una parte se haga constar de forma expresa, como sí se hizo en el caso examinado por el TS, ni por otra se informase a los consumidores del alcance económico de esa inexistente renuncia, es decir, cuánto se les había cobrado de más, información que estaba en poder del banco mediante una simple operación actuaría contable, que no era tan sencilla de obtener por un cliente financieramente lego. Es interesante también lo recogido en esta Sentencia de la Audiencia sobre la doctrina del TJUE, así la sentencia de 20 de septiembre de 2017, ya se ha pronunciado sobre la trascendencia de la información que debe suministrarse de forma que la entidad bancaria debió conocer y poner de manifiesto acorde con la "experiencia y los conocimientos" de un profesional en el momento de la predisposición de dichos documentos.

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad financiera contra la sentencia de 30 de julio de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº1 de esta ciudad en juicio ordinario 631 /201 7; se revoca la misma de forma parcial, es decir que no puede anularse lo que no existió y que la entidad financiera resultaría condenada a devolver cantidades abonadas de mas por ser liquidas y exigibles.